I.
Donald Trump inauguró su mandato presidencial en enero de 2017 con un decreto que prohibía el ingreso a Estados Unidos de personas provenientes de siete países musulmanes, a saber: Irán, Iraq, Sudan, Siria, Libia, Somalía y Yemen. Curiosamente, Arabia Saudita, país con el cual Trump ha mantenidvo (y mantiene aún) numerosos y muy lucrativos negocios, no figuraba en la lista del denominado travel ban (que podría traducirse como prohibición de viaje). Este dato es aún más llamativo si recordamos que los ejecutores de los atentados del 11 de septiembre de 2001 (que incluyeron el ataque a las torres gemelas en Nueva York) provenían de Arabia Saudita, Egipto, los Emiratos Árabes y el Líbano. Ese primer decreto de Trump fue prontamente repudiado por numerosos sectores políticos y de la sociedad civil, y a la fecha (agosto de 2017) su aplicación se halla suspendida debido a las intervenciones de varios jueces que han impugnado su implementación.
Entre las medidas ejecutivas más significativas implementadas por Trump cabe mencionar el decreto sobre seguridad de las fronteras (Border Security and Immigration Enforcement Improvements) que establece la construcción de una muralla que separe física y tajantemente a Estados Unidos de México e incrementa los recursos para ampliar la vigilancia y el control de las personas que ingresan al país. En los últimos meses, Trump ha repetido hasta el cansancio que el gobierno de México tiene la obligación de pagar la construcción de la muralla, lo cual ha tensionado aun más las relaciones diplomáticas entre ambos países. Al mismo tiempo, se crearon nuevas cárceles destinadas a niños y madres que han ingresado a Estados Unidos escapando de la escalada de violencia que azota varios países centroamericanos, entre ellos Honduras, Guatemala y El Salvador. Mientras se tramitan sus solicitudes de asilo (y se decide si se los reconoce como refugiados o no), los niños, niñas y sus madres permanecen “alojados” en estos centros de detención.
Según el Pew Research Center, en el año 2015 residían en Estados Unidos 11 millones de personas indocumentadas, 8 millones de las cuales trabajaban. Es importante subrayar que no todos los inmigrantes “sin papeles” son aquellos que cruzan irregularmente la frontera hacia Estados Unidos. Un gran porcentaje de la población indocumentada suele ingresar al país legalmente y luego permanece una vez caducada la visa respectiva o el permiso legal de residencia. También es menester señalar que existe una discrepancia significativa entre los discursos que ponen en circulación muchos políticos y medios de comunicación y la realidad respecto de quiénes son las personas indocumentadas. Contrario a la creencia popular, el número de inmigrantes mexicanos en los EE.UU. ha ido disminuyendo en favor de la población centroamericana y de la proveniente de Asia.
Otra importante medida auspiciada por Trump ha consistido en profundizar la seguridad interna (Interior Enforcement) en contra de las “ciudades santuarios”, llamadas así porque protegen a los inmigrantes (sea cual fuere su estatus legal) y se niegan a cooperar con las fuerzas policiales federales que promueven la detención, encarcelamiento y deportación de los migrantes indocumentados. Las ciudades autodenominadas “santuarios” incluyen grandes metrópolis —Nueva York, Los Ángeles y Chicago— y urbes más pequeñas a lo largo y ancho del país. Como respuesta a su negativa de “denunciar” a inmigrantes indocumentados, Trump ha castigado a esas ciudades recortando su financiamiento y su acceso a fondos federales para salud, educación y programas y servicios básicos.
Los decretos ejecutivos mencionados en los párrafos anteriores indican claramente que el gobierno de los EE.UU. se ha apartado de los principios constitucionales que definían al país como una nación de inmigrantes, dispuesta a acoger a todos aquellos que decidieran vivir en ella y a quienes llegaran allí en busca de refugio. Los abusos a los derechos humanos y el desconocimiento de los derechos civiles y sociales de los inmigrantes en los EE.UU. parecieran expresar el mismo espíritu de época (un espíritu xenófobo, securitista y policial, sin dudas) que late detrás del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2017 que aprobara Argentina en enero y de muchos de los mensajes que recorrieron la reciente campaña electoral en Francia o durante el Brexit.
II.
Por último, queremos referirnos a la Acción Diferida para los inmigrantes que hayan ingresado a los EE.UU. siendo menores de edad (DACA, Deferred Action for Childhood Arrivals), promulgada en 2012 por el ex-Presidente Barack Obama con el objetivo de beneficiar a grupos específicos de inmigrantes indocumentados. Este decreto, cuya vigencia debe ratificarse cada dos años, buscó mitigar las demandas de grupos progresistas—incluidas las organizaciones de inmigrantes—que buscaban la aprobación de una ley nacional (conocida como Dream Act) que garantizara la legalidad de quienes hubieran llegado al país siendo menores de edad, es decir: por decisión de sus padres y no por decisión propia y no hubieran logrado regularizar su permanencia. A la fecha, aproximadamente 750.000 personas han sido incluidas en el Programa DACA.
Sin embargo, aún son muchos los jóvenes indocumentados que no han sido beneficiados con dicha medida. Algunos, porque no presentaron la solicitud por temor a las posibles represalias que pudieran sufrir sus familias, que incluyen integrantes indocumentados tales como sus propios padres. Otros, porque no pueden cumplir los numerosos requisitos que exige el programa. Para ser elegibles, los jóvenes debían ser menores de 31 años al 15 de junio de 2012, haber entrado a los Estados Unidos antes de cumplir 16 años de edad, haber residido continuamente en dicho país desde el 15 de junio de 2007, haberse encontrado físicamente presentes el 15 de junio de 2012 y al momento de presentar la solicitud. Además, deben abonar una cifra onerosa (US$ 495) cuando se solicita el permiso y cada vez que se renueva. Deben también concurrir a la escuela, haberse graduado u obtenido un certificado de finalización de estudios secundarios o poseer un Certificado de Desarrollo de Educación General (GED). También deben probar no haber cometido delito alguno (ni siquiera uno menor) y que no representan una amenaza para la seguridad nacional o pública. Pequeñas infracciones tales como una violación de tránsito o tirar papeles en la calle serían razones suficientes para ser detenidos y deportados. Al día de la fecha, los jóvenes de origen mexicano constituyen tres cuartas partes de la población que se ha beneficiado con el DACA.
Durante su campaña electoral, Trump sostuvo que eliminaría dicho programa, que beneficia a quienes son popularmente conocidos como “soñadores” o dreamers. Si bien el mismo aún no ha sido cancelado, el presidente y su gabinete han sido ambiguos respecto a su futuro. En las próximas elecciones legislativas, previstas para noviembre de 2018, veremos si los votantes estadounidenses premiarán o castigarán la mirada xenófoba y racista que atenta contra la posibilidad de darle cabida a los millones de inmigrantes “sin papeles” que trabajan día a día para construir un futuro auspicioso para ellos y sus familias en los Estados Unidos.
Compartimos también este comunicado de la organización de Derechos Humanos Colibrí Center: Colibrí denuncia la decisión de poner fin a DACA
Judith Freidenberg y Anahí Viladrich, 31 de agosto de 2017
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