Migrantes en Córdoba. Proyectos migratorios, incertidumbres y organización colectiva en tiempos de pandemia

Desde hace más de tres décadas Córdoba se ha ido configurando como un importante lugar de tránsito y destino de las migraciones procedentes de países limítrofes y del Perú. La inserción ocupacional de esta población se diversifica por género en segmentos laborales secundarios. En términos generales, los varones se concentran en el trabajo subcontratado en la construcción, la agricultura familiar y los empleos subordinados en la industria. Por su parte, la mayoría de las mujeres migrantes ocupan un papel central en la economía de los cuidados y en el trabajo en casas particulares. Recientemente, su presencia se ha incrementado en la abigarrada economía no asalariada: como cocineras, feriantes populares y costureras a destajo. Asimismo, las y los jóvenes migrantes suelen desplegar estrategias de auto-empleo y dan trabajo a integrantes de sus redes migratorias, en micronegocios comerciales y de servicios.

Es oportuno destacar que, durante la última década, y sobre todo en Córdoba Capital, hemos constatado la consolidación de redes migratorias transnacionales procedentes de países no limítrofes y extra-regionales. Así, encontramos profesionales, técnicos y estudiantes de origen colombiano, venezolano y haitiano; comerciantes ambulantes senegaleses y, en menor medida, haitianos; comerciantes autónomos de origen indio y paquistaní; bazares mayoristas y supermercados de base familiar de origen chino y taiwanés; comerciantes textiles de origen coreano que poseen tiendas de ropa; propietarios de kioscos de origen argelino y marroquí que comercializan alimentos halal; y familias sirias refugiadas que poseen negocios de comida árabe.[1]

En el contexto de la pandemia del COVID19, la variedad de trayectorias, orígenes nacionales y proyectos migratorios redundan en una diversidad de preocupaciones, dificultades y estrategias. Sin embargo, a partir del análisis de los testimonios recopilados hemos podido identificar algunas dimensiones transversales, que, si bien adquieren formas concretas particulares, en la mayoría de los casos se articulan y delinean un panorama ante el cual emergen mayores incertidumbres. [2] Entre otras, la subsistencia económica, la reconfiguración de sus proyectos migratorios, los cambios en las estrategias de organización colectiva; la relación con las instituciones estatales; las formas en que se ven afectados los vínculos transnacionales; y el impacto en el acceso al trabajo, a la vivienda y a la educación.

De modo sintético, a partir del relevamiento, podemos señalar que una de las preocupaciones persistentes es la situación de precarización laboral [3] de la población migrante en Córdoba, que compromete la obtención de recursos para solventar los gastos regulares (alquiler, impuestos y servicios), como así también para abastecerse de los insumos diarios (alimentación, productos de aseo, etc.). Las dificultades en el terreno laboral están asociadas a varios motivos: primero, para quienes se emplean de manera autogestiva o son dueños de sus propios negocios y su trabajo se lleva a cabo en espacios públicos o locales comerciales, y no pueden trabajar en tiempos de aislamiento (esto se visibilizó principalmente entre comerciantes indios y chinos). También afecta a quienes desarrollan labores de venta ambulante o en ferias de manera informal, que ven limitado su trabajo por la imposibilidad de circulación, y/o por la dificultad de gestionar los permisos para actividades exceptuadas, algunos porque carecen de DNI (situación mencionada por personas bolivianas, peruanas, senegalesas y haitianas). Por otra parte, aquellos/as que teniendo trabajos formales temen perderlo en un futuro inmediato, algo que fue manifestado por mujeres peruanas y colombianas que desempeñan labores de cuidado, y están preocupadas por perder sus trabajos o por ser obligadas a trabajar en tiempos de aislamiento. Por último, están aquellas/os migrantes que permanecieron activos en empleos precarizados (por ejemplo, delivery), y que observan una disminución abrupta de sus ingresos como fue señalado por personas de origen haitiano y colombiano.

La profundización de la precariedad no solo se manifiesta en el contexto presente, sino que se avizora para el futuro próximo ante la escasez de alternativas y posibilidades de inserción laboral. Esta incertidumbre se agrava ante, por un lado, la imposibilidad o limitación para el envío o recepción de remesas para solventar los gastos cotidianos (preocupación expresada en particular por estudiantes haitianos) y, por el otro, por los obstáculos para construir vínculos de organización, solidaridad y trabajo colectivo.

Así, parte de las y los entrevistados señalan la dificultad de generar estrategias comunitarias en tiempos de aislamiento preventivo, social y obligatorio (ASPO), no solo debido a la falta de recursos, sino también ante la imposibilidad de encontrarse, sostener ollas comunitarias, o apoyar a familias con insumos básicos. Así, una inquietud, que se reitera en las entrevistas es la vivenciada por referentes que asisten o trabajan en comedores o copas de leche en barrios populares de Córdoba, mujeres peruanas y bolivianas en la mayoría de los casos, ante las limitaciones para el abastecimiento de alimentos, el aumento de precios y “el miedo a pasar hambre”. A esto se suma la preocupación por el control policial desplegado para limitar la circulación en los barrios populares. Sin embargo, más allá de las dificultades, las referentes entrevistadas “se las rebuscan” para seguir organizando las copas de leches, los merenderos, las ollas populares o la entrega de alimentos (bolsones). Asimismo, en los meses que lleva el ASPO se han impulsado campañas de solidaridad para ayudar a las y los migrantes. Entrevistados de origen senegalés resaltan que la ayuda que han recibido en este tiempo es producto de la solidaridad de organizaciones no-estatales.[4]

En cuanto al acceso al Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) otorgado por el gobierno nacional, hemos constatado cierto malestar entre las y los migrantes entrevistados dado que a la mayoría entendía que, aun cumpliendo con los requisitos establecidos, el beneficio les fue denegado. Muchas/os referentes del campo organizativo migrante ayudaron a la inscripción de integrantes de su comunidad para el acceso a la IFE, sin embargo, ninguna solicitud fue aprobada. Algunos/as manifestaron que probablemente se debía a su condición de migrantes. Una de la entrevistadas, considera “que hubo una decisión política de que los migrantes no entrarán”. Más aún, varios testimonios resaltan que sólo a través de la organización y el reclamo colectivo se podrá garantizar el acceso de la población migrante al IFE. Asimismo, las y los entrevistados resaltaron que la ayuda estatal, tanto de Argentina como de los Estados de origen, ha sido casi nula. Particularmente, el Gobierno provincial de Córdoba suspendió ciertos programas sociales, laborales y educativos en ejecución (PPP, PIP, XMí y PILA), que tienen el objetivo de asistir a los sectores más empobrecidos, entre los cuales se encuentra una parte de la población migrante.

Otro de los límites para acceder al IFE se relaciona con las dificultades para realizar ciertos tramites, como la obtención del DNI, o la certificación del tiempo de permanencia. En este momento, estos trámites pueden efectuarse solo de modo virtual, lo que requiere la disposición de ciertos recursos y saberes que no toda la población migrante posee. Asimismo, diferentes migrantes coinciden en señalar que, si bien la preocupación por los trámites de documentación y la situación administrativa es constante, y antecede al contexto de confinamiento, las dificultades por garantizar las necesidades básicas en el contexto actual son cada vez más abrumadoras. Particularmente, los senegaleses comentan que la mayoría de ese colectivo posee residencia precaria vinculada a la condición de solicitantes de asilo, (residencia precaria vencida en muchos casos sin la obtención del estatuto como refugiado), lo que bloquea el acceso a los subsidios estatales. Esto también se manifestó como un dilema para el caso de migrantes de origen venezolano.[5]

Otra preocupación central de los migrantes de origen chino e indio es la imposibilidad de mantener abiertos sus negocios, aunque el aislamiento se flexibilice o se elimine completamente. También genera zozobra entre los migrantes que trabajan de la venta ambulante el momento en que se “levante el aislamiento”, en tanto estiman que esta actividad se verá limitada, controlada y hasta perseguida. La incertidumbre, el “no saber qué hacer” al cual se refiere Tomás en su entrevista, se avizora como la única certeza.

Así, el aislamiento, además de visibilizar de manera más cruda la precariedad laboral y vital de muchos/as migrantes, provoca que ciertos proyectos migratorios se vean truncados. En el relato de las personas entrevistadas emerge frustración al ver que lo planificado, “lo proyectado”, se desvanece, y se imponen preocupaciones vinculadas a las urgencias, a lo inmediato y cotidiano. Esto se encadena con la preocupación por “tener los papeles”, que, si bien sigue latente en algunos casos como un medio para alcanzar o proyectar ciertos trabajos o estudios, queda en un segundo plano frente a los imperativos inmediatos. En resumen, y en línea con Gil Araujo y Rosas (2020), hemos podido verificar que, si bien la mayoría de las problemáticas y desigualdades sociales que atraviesan la vida de las poblaciones migrantes son de orden estructural, en estos tiempos de confinamiento se recrudecen y profundizan.

A modo de cierre, nos interesa destacar otra cuestión que sobresale en los testimonios en referencia a la ineludible tarea de la organización colectiva. Así, varios/as entrevistados/as resaltan la importancia de la lucha colectiva y la organización como estrategia de subsistencia prioritaria en estos tiempos. Luchas que son visibles en los territorios, pero que por lo general se mantienen invisibilizadas para la sociedad cordobesa. Esta apuesta por el trabajo colectivo de las y los migrantes transmite la idea de sujetos que buscan activamente construir, no solo vías de subsistencia, sino explorar también nuevas formas de organización y nuevos modos de pensarse socialmente.

Angélica Alvites, Janneth Clavijo, Eduardo Rodríguez Rocha, y Paula Sciolla. Programa Migración y Movilidades en Perspectiva crítica (CIECS-CONICET-UNC |CEA-FCS-UNC).

Les autores agradecen  a Carina Trabalón por sus aportes en la discusión de este escrito.

[1] Esta heterogeneidad también se manifiesta en la apuesta por diversos proyectos educativos, caracterización que detallaremos en futuros textos, dada la extensión de esta nota.

[2] Este texto se desprende de un relevamiento y registro colectivo de experiencias de migrantes en Córdoba en tiempos de aislamiento preventivo, social y obligatorio (ASPO). Se realizaron 25 entrevistas a migrantes y referentes de las comunidades peruana, colombiana, paraguaya, boliviana, senegalesa, haitiana, india, argelina y china que viven en el Área Metropolitana de Córdoba (AMC). El relevamiento fue realizado por medio de llamadas y mensajes, entre fines de marzo y mediados de mayo de 2020. Las entrevistas fueron llevadas a cabo por integrantes del Programa Migración y Movilidades en Perspectiva Crítica (CIECS-CONICET-UNC |CEA-FCS-UNC): Janneth Clavijo, Angélica Alvites, Carina Trabalón, Paula Sciolla, Ana Téllez y Eduardo Rodríguez Rocha.

[3] Preocupación que también han sido señalada por Baeza, Barria Oyarzo y Gago  y  Trpin, Ataide y Moreno, en publicaciones previas de este blog.

[4]Entre las colaboraciones señalan: bolsones de comida entregados por la Asociación de Residentes Senegaleses de Buenos Aires y una colecta de dinero realizada por el Programa Migración y Movilidades en Perspectiva Crítica (CIECS-CONICET-UNC|CEA-FCS-UNC).

[5] Inquietud que también manifiesta Rovetta Cortés en su texto sobre el Programa Siria, publicado en este blog.

 

 

 

 

 

 

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